Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril: Medidas Procesales

Algunas cuestiones para la discusión sobre las medidas procesales adoptadas por el Real Decreto-ley de 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

1.- Con resultado discutido, el RD-Ley 16/2020, de 28 de abril, en su artículo 1, ha acordado la habilitación a efectos procesales de los días 11-31 de agostos ambos inclusive. El acuerdo ha suscitado inmediatamente una polémica que se extiende tanto al fondo como a la forma.

Debemos comenzar aclarando que el carácter inhábil del mes de agosto viene regulado en la Ley orgánica del poder judicial (LOPJ), específicamente en su artículo 183:

“Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.

Y continúa diciendo el citado artículo:

No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, mediante reglamento, podrá habilitarlos a efectos de otras actuaciones.”

Así las cosas, un problema inmediato es el de determinar la adecuación formal de la norma que modifiquela determinación de la LOPJ.

Una conclusión elemental es la que entiende que al estar regulada la inhabilidad procesal de un mes, el de agosto,en una Ley Orgánica, su modificación debería ser adoptada por la mayoría absoluta del Congreso, que es la que se exige para las leyes orgánicas por el artículo 81.2 CE. Desde este punto de vista, el Real Decreto Ley carece de las características de la Ley Orgánica y, en consecuencia, no es norma hábil para modificar la LOPJ.

Pero, el citado artículo 183 LOPJ permite (“excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales”),que una ley procesal posterior pueda declarar la urgencia de determinadas actuaciones (“las que”), permitiendo de este modo la integración de sus disposiciones por una norma que no ha de reunir el carácter de Ley Orgánica.. Es mediante el meritado art. 1 del RD-Ley 16/2020, de 28 de abril, que se ha aprovechado aquella posibilidad para hacer la declaración de urgencia, no de determinadas, sino de todas las actuaciones judiciales.

Pues bien, prescindiendo en este breve resumen de cuestiones como el derecho al descanso (y el modo como se articulará) o la conciliación familiar, la solución de este RD-Ley puede considerarse como una ley procesal.

Sin intentar agotar la cuestión, sí que convendría tener en cuenta que el Real Decreto Ley 16/2002sólo puede, pese a su denominación, considerarse ley procesal, expresión que enfoca más bien posiciones procedimentales o requerimientos judiciales con efectos materiales, si su emanación responde a la urgente y extraordinaria necesidad que dice ser su justificación.

No vemos tal necesidad. La habilitación de fechas no responde, sin duda, a una situación creada, sino a la que presumiblemente se va a crear. Y, además, no se puede negar que en el período del estado de alarma, el teletrabajo recomendado y la suspensión e plazos procesales, permitan albergar la esperanza de que la actividad judicial “atascada” haya podido aliviarse hasta el punto de comenzar con menor presión burocrática.

2.- La otra medida procesal general que se adopta en el RD-Ley, en su artículo 2, es la relativa a los plazos procesales, con una disposición que confirma la posibilidad de relajar las presiones burocráticas antes apuntadas:

  1. Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.
  2. Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la suspensión de los plazos procesales suspendidos,quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para el anuncio, preparación, formalización o interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Dos disposiciones, en definitiva, que “colocan el marcador a cero”, con la finalidad de relajar la tensión de plazos, abiertos en el período del estado de alarma durante el cual el trabajo que eventualmente se haya desarrollado siempre deberá considerarse en beneficio de la obstrucción burocrática tantas veces denostada.