Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril: Medidas Concursales y Societarias

Con estas notas se pretende resumir las medidas concursales y societarias que se recogen en el último Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Comencemos por indicar que el Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, se estructura en tres capítulos, que contienen un total de 28 artículos, cuatro disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales.

Las medidas adoptadas en el ámbito concursal y societario se encuentran en el Capítulo II y tienen una triple finalidad: En primer lugar, mantener la viabilidad de las empresas, profesionales y autónomos que antes de la declaración de alarma cumplían con sus obligaciones derivadas de un convenio, de un acuerdo extrajudicial de pagos o de un acuerdo de refinanciación homologado. En segundo lugar, trata de incentivar y potenciar la financiación de las empresas para atender a sus necesidades de liquidez, motivadas por la crisis sanitaria que estamos sufriendo. Y, por último, agilizar el proceso concursal a la vista del previsible aumento de la litigiosidad.

Las medidas concursales y societarias (artículo 8-18) son:

1.-Modificación del convenio concursal: El concursado durante el año siguiente a contar desde la declaración del estado de alarma, podrá presentar propuesta de modificación del convenio que se encuentre en periodo de cumplimiento. La modificación no afectará a los créditos devengados o contraídos durante el periodo de cumplimiento del convenio inicial, ni a los acreedores privilegiados que se hubieran adherido o se les hubiera extendido dicho convenio, salvo que expresen su voluntad de adherirse al nuevo convenio.

2.-Aplazamiento del deber de solicitar la apertura de la fase de liquidación: El deudor que se encuentre sometido a un convenio concursal, no tendrá la obligación de solicitar la liquidación de la masa activa, aún cuando sepa que no podrá cumplir con el plan de pagos comprometido o con las obligaciones contraídas con posterioridad al convenio, durante el plazo de un año a contar desde la declaración del estado de alarma, siempre que el deudor presente una modificación del convenio y ésta sea admitida a trámite en el mencionado plazo.

Durante el plazo previsto de un año, el juez no dictará auto abriendo la fase de liquidación aunque el acreedor demuestre que existen motivos para ello.

3.- Acuerdo de refinanciación: Durante el mismo periodo recogido en el apartado anterior, el deudor que tuviera homologado un acuerdo de refinanciación podrá poner en conocimiento del juzgado competente que pretende alcanzar un acuerdo con los acreedores para modificar el que ya tuviera en vigor o alcanzar uno nuevo.

4.-Solicitud de declaración del concurso de acreedores: Hasta el 31 de diciembre de 2020 el deudor que se encuentre en situación concursal no tendrá la obligación de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado dicha situación y la apertura de negociaciones con los acreedores.

Hasta esa misma fecha los jueces no admitirán a trámites las solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde la declaración del estado de alarma. Si en ese mismo periodo, el deudor presentase la solicitud de declaración de concurso voluntario, ésta será preferente a la solicitud de concurso necesario, aunque se hubiere presentado antes.

Si antes del 30 de septiembre de 2020 el deudor hubiera comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores (comunicación pre-concursal), se estará al régimen general establecido por la ley.

5.-Personas especialmente relacionadas: En los concursos de acreedores declarados en los dos años siguientes desde la declaración del estado de alarma, tendrán la calificación de créditos ordinarios, aquéllos créditos que ostenten personas especialmente relacionadas con el concursado.

6.-Impugnación del inventario y de la lista de acreedores: En aquellos concursos de acreedores que la administración concursal aún no hubiera presentado el inventario provisional y el listado provisional de acreedores y en aquellos que se declaren dos años después desde la declaración del estado de alarma, los únicos medios de prueba serán los documentales y las periciales, suspendiendo la celebración de vista salvo que el Juez resuelva otra cosa.

7.-Tramitación preferente: Hasta que transcurra un año desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán con carácter preferente: (1) los incidentes concursales en materia laboral; (2) las actuaciones de enajenación de unidades productivas o venta en globo de elementos del activo; (3) las propuestas de convenio o de modificación de los vigentes y los incidentes de oposición a la aprobación del convenio; (4) los incidentes de reintegración de la masa activa; (5) la admisión a trámite de la solicitud de homologación de un acuerdo de refinanciación o modificación de uno vigente y (5) la adopción de medidas cautelares para el mantenimiento y conservación de los bienes y derechos.

8.-Plan de liquidación: Una vez levantado el estado de alarma, transcurridos 15 días desde la presentación en la oficina del juzgado del plan de liquidación, el Juez dictará auto aprobando el plan de liquidación o introduciendo las modificaciones que estime necesarias o acordará la liquidación conforme a las reglas legales supletorias.

9.-Acuerdo extrajudicial de pagos: Durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma se considerará que el acuerdo extrajudicial de pagos se ha intentado por el deudor sin éxito con la acreditación de dos faltas de aceptación del mediador concursal para ser designado.

10.-Suspensión de la causa de disolución por pérdidas: A los efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1 e) de la Ley de Sociedades de Capital, no se tomarán en consideración las pérdidas del presente ejercicio 2020.