Modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación al procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables

El pasado día 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Gobierno durante la reunión del Consejo de Ministros celebrada el día 14 de diciembre de 2018, con el objetivo de garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda.

El paquete de medidas aprobadas supone la modificación, entre otras, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y concretamente del procedimiento de desahucio de vivienda cuando afecte a hogares vulnerables, introduciendo mayor seguridad jurídica y medidas específicas para atender a aquellas situaciones que demanden una mayor protección social.

De acuerdo con los datos contenidos en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de diciembre, los lanzamientos derivados del impago del alquiler han aumentado por quinto trimestre consecutivo, suponiendo a fecha de hoy un 65,1% del total de lanzamientos.

Según datos de Eurostat, en el año 2017, más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que significa que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión Europea y, si no se adoptan las medidas oportunas, previsiblemente irá en aumento, dado el incremento del precio de los alquileres.

Los cambios introducidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil por parte del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, están dirigidos a paralizar los desahucios derivados del impago del alquiler hasta que se encuentre una alternativa habitacional en los casos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad.

En concreto, se introduce un apartado 1 ter en el artículo 441 en el que se prevé que, en el requerimiento de pago al demandado, se informará de la posibilidad de acudir a los servicios sociales a fin de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad. Si así fuese, la Administración competente lo notificaría al juzgado y el procedimiento quedaría suspendido hasta que se adoptasen las medidas que los servicios sociales estimasen oportunas.

El plazo máximo de suspensión del procedimiento sería de un mes, o de dos meses en el caso de que el demandante fuese una persona jurídica. El procedimiento se reanudaría una vez adoptadas las medidas pertinentes o, en su defecto, una vez transcurridos los plazos de uno o dos meses anteriormente referidos.