Dossier de Medidas para Empresarios y Pequeños Profesionales con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19

Dossier de Medidas para Empresarios y Pequeños Profesionales con motivo de la crisis sanitaria del COVID-19

Apartado II. Aplazamiento de deudas con organismos públicos y particulares.

 

1. Medidas sobre aplazamiento de deudas a determinados organismos públicos.

A) Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Los empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 que sean prestatarios de créditos o préstamos financieros cuya titularidad corresponda a una Comunidad Autónoma o Entidad Local podrán solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020.

Requisitos:

  • Que la crisis sanitaria o las medidas adoptadas para paliar la misma hayan originado en dichas empresas o autónomos periodos de inactividad, reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma.
  • Solicitud, que deberá efectuarse siempre antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión.

Excepciones:

  • Si la Administración Pública prestamista ya ha adoptado una medida similar.
  • Si los préstamos financieros se concedieron  en el marco de convenios con entidades de crédito, cualquier aplazamiento o modificación se realizará de acuerdo con dichas entidades.
  • No será aplicable a préstamos participativos, operaciones de capital riesgo, instrumentos de cobertura, derivados, subvenciones, avales financieros y, en general, cualquier operación de carácter financiero que no se ajuste a préstamos financieros en términos de mercado.

La resolución corresponde al órgano concedente de la Administración prestamista, en el plazo de un mes contado a partir de la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada la solicitud. La estimación llevará consigo la modificación del calendario de reembolsos, respetando el plazo máximo del préstamo; las cuotas aplazadas podrán ser objeto de fraccionamiento y  devengarán el tipo de interés fijado para el préstamo o crédito, objeto del aplazamiento. En ningún caso, se aplicarán gastos ni costes financieros.

B) Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de préstamos concedidos por la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Pueden solicitarlo los beneficiarios de concesiones de los instrumentos de apoyo financiero a proyectos industriales y alcanzará al pago de principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde el 13 de marzo de 2020.

Para su obtención serán requisitos:

  1. Que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma, y
  2. Que la solicitud se presente antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario, con la justificación correspondiente.

La estimación del aplazamiento deberá ser expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión y notificarse en el plazo máximo de un mes desde que se solicitó. El silencio tiene efectos desestimatorios.

C) Refinanciación de los préstamos concedidos por la SGIPYME.

Los beneficiarios de concesiones de préstamos a proyectos industriales otorgados por la SGIPYME podrán solicitar modificaciones del cuadro de amortización del mismo durante el plazo de 2 años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (15 de marzo de 2020), si se dan los siguientes requisitos: 

  1. Que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 haya provocado periodos de inactividad del beneficiario, reducción en el volumen de sus ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor, y
  2. Que se presente solicitud, con la justificación correspondiente, plan de actuación, y una declaración responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social, de que no tiene deudas por reintegros de ayudas o préstamos con la Administración, y de que ha cumplido con sus obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil.

La solicitud deberá ser resuelta de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión en 6 meses desde la presentación, entendiéndose desestimatoria en otro caso. De ser estimatoria en el período de los dos años y medio quedarán suspendidos los artículos de las órdenes de bases y de las convocatorias para el otorgamiento de los préstamos.

Las modificaciones del cuadro de amortización podrán consistir en: aumento del plazo máximo de amortización, aumento del plazo máximo de carencia, en su caso, y otras siempre que todas ellas  respeten los mismos niveles máximos de intensidad de ayuda y mismos niveles de riesgo que en el momento de la concesión.

La ayuda equivalente se calculará en el momento de la concesión de la modificación del cuadro de amortización, para lo que podrán realizarse modificaciones del tipo de interés y/o de las garantías asociadas a los préstamos.

Durante el plazo de dos años y medio contados desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, y siempre que se haya finalizado la verificación técnico económica del proyecto, se permitirá la subrogación de una entidad de crédito en la obligación de devolución del préstamo por parte del beneficiario, incluso con reducción del tipo de interés.

Quedan suspendidos los artículos de las Ordenes de Bases y las convocatorias, en virtud de las cuales se otorgaron los préstamos afectados por esta medida, en todo lo que contradigan lo dispuesto en este artículo.

2. Medidas en relación con el pago de deudas particulares.

A) Moratoria de deudas hipotecarias.

Afecta a los préstamos con garantía hipotecaria obtenidos para la adquisición de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y se previene la suspensión de las obligaciones derivadas de dichos contratos de préstamo.

1. Beneficiarios:

Los empresarios y profesionales personas físicas que cumplan las condiciones previstas en el artículo 5 de la Ley 37/1992, del IVA.

Cuando concurran en el deudor todos los requisitos establecidos en el artículo 16 del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo:

  1. Que el deudor hipotecario empresario o profesional sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas, lo que se entenderá producido cuando esta caída sea al menos del 40 %.
  2. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, el límite de un determinado número de veces –según los casos- el IPREM. 
  3. Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  4. Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, en concreto, que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores no son beneficiarios, pero, si se encuentran en los supuestos de vulnerabilidad económica ,podrán exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

Las circunstancias indicadas deberán acreditarse ante la entidad acreedora mediante: (1) certificado expedido por la AEAT o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, de cese de actividad declarada por el interesado y (2) los documentos acreditativos de habitantes de la vivienda, parentesco y titularidad de bienes, junto con una declaración responsable.

2. La solicitud del acreedor podrá presentarla hasta quince días después del fin de la vigencia del estado de alarma

3. La concesión debe otorgarse en un plazo máximo de 15 días.

4. Efectos:

  • La solicitud conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de tres meses y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de vencimiento anticipado. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos.
  • La entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses),
  • No se devengarán intereses, ni se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.
  • La aplicación de la suspensión no requerirá acuerdo entre las partes, ni novación contractual alguna, para que surta efectos, pero deberá formalizarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. La inscripción de la ampliación del plazo inicial tendrá plenos efectos, en su caso, frente a los acreedores intermedios inscritos aunque no cuente con el consentimiento de estos.
  • Cuando prestamista y prestatario beneficiario acuerden una novación del clausulado del contrato en términos o condiciones contractuales que vayan más allá de la mera suspensión, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la suspensión de las obligaciones contractuales, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.

5. Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la moratoria hipotecaria legal y de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario serán satisfechos en todo caso por el acreedor.

B) Suspensión de las obligaciones derivadas de los contratos de crédito sin garantía hipotecaria.

Se trata de la medida de suspensión temporal de las obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía hipotecaria, siempre que (1) estuviera vigente el 1 de abril de 2020, y (2) esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16 (los supuestos definidos para los beneficiarios en la medida anterior).

1. Beneficiarios:

Los deudores que reúnan las condiciones indicadas para serlo de la medida indicada en el apartado anterior y los fiadores y avalistas del deudor principal en cuanto podrán exigir que el acreedor agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

2. La solicitud podrá presentarse hasta un mes después del fin de la vigencia del estado de alarma con documentación similar a la establecida para la medida anterior.

La presentación de la solicitud determinará la suspensión de las obligaciones contractuales. No obstante, si el crédito o préstamo estuviera garantizado mediante algún derecho inscribible distinto de la hipoteca o hubiera accedido al Registro de Venta a Plazos de Bienes Muebles, será necesaria la inscripción de la ampliación de plazo que suponga la suspensión, de acuerdo con las normas generales aplicables.

3. La concesión no se sujeta a plazo, sino que se dispone que, acreditada la situación de vulnerabilidad económica, el acreedor procederá a la suspensión automática de las obligaciones derivadas del crédito sin garantía hipotecaria.

4. Efectos:

  • Suspensión de las obligaciones derivadas del crédito. Los importes que serían exigibles al deudor de no aplicarse la moratoria no se considerarán vencidos. En consecuencia, el acreedor no podrá exigir el pago de la cuota, ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago de intereses.
  • No se devengarán ningún tipo de intereses, ni ordinarios, ni de demora.
  • La fecha del vencimiento acordada en el contrato se ampliará, como consecuencia de la suspensión, por el tiempo de duración de esta, sin modificación alguna del resto de las condiciones pactadas. Tratándose de bienes o derechos inscribibles se ajustarán a su propia normativa, de acuerdo con las reglas generales.
  • Se producen sin necesidad de acuerdo entre las partes, ni novación contractual alguna. Pero, si prestamista y prestatario beneficiario de la moratoria acuerdan una novación como consecuencia de la modificación del clausulado del contrato, incorporarán, además de aquellos otros aspectos que las partes pacten, la suspensión de las obligaciones contractuales, así como el no devengo de intereses durante la vigencia de la suspensión.
  • La escrituración deberá hacerse una vez pierda vigencia el estado de alarma.

5. Duración: Tres meses, ampliables mediante Acuerdo de Consejo de Ministros.